El Ejecutivo regional se compromete a impulsar esta legislatura la Nueva Ciudad de la Justicia de Valdebebas.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, compareció ayer en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de las líneas generales que definirán la gestión de su departamento durante los próximos dos años, hasta que finalice la legislatura.

La nota informativa publicada recoge el compromiso del consejero para reformar, inaugurar o licitar todas las obras incluidas en el Plan 21x21 de modernización de sedes judiciales, un proyecto que ha permitido, entre otras actuaciones, inaugurar el pasado junio la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial o la de Navalcarnero, prevista para el próximo mes.

La modernización de sedes dotará a todos los partidos judiciales con juzgados de Violencia sobre la mujer, "un compromiso que cumpliremos antes del fin de la legislatura". Además, la Comunidad seguirá implantando oficinas de asistencia a los afectados en todos los partidos judiciales así como Cámaras Gessel, una garantía de protección para menores y colectivos vulnerables. Hoy, la Comunidad cuenta con 12 de estos espacios, tres en Madrid y nueve en la periferia.

Asimismo, la Comunidad impulsará la construcción de la Nueva Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, un proyecto de legislatura cuya licitación de la concesión administrativa se llevará a cabo en el último trimestre de 2022.

El consejero se refirió también a la implantación del Expediente Judicial Electrónico. Sobre este aspecto, López señaló que tendrá plena operatividad a lo largo de 2023, en línea con el impulso de la digitalización de la administración de Justicia, un "proceso irreversible" que supondrá extender el Servicio Común de actos de comunicación a todos los partidos judiciales, con la creación de 32 plazas nuevas.

Por otro lado, el fomento de la mediación para la resolución extrajudicial de conflictos y la reducción de la carga de trabajo de los juzgados madrileños, se concretará, como anunció López, con la creación de un registro de mediadores y la ampliación de convenios con entidades que participen de estos procesos.